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Una imperante sensación de crisis

Son pocos los problemas que tienen una sola causa. Los retos a los que se enfrenta la democracia constitucional del país no son el resultado de acontecimientos concretos, de unos comicios específicos ni de una serie de decisiones. Los datos que existen sobre el estado de la vida política y cívica en Estados Unidos, aunados con las conversaciones con estadounidenses que la Comisión organizó en casi medio centenar de lugares a lo largo y ancho del país, revelan que una multitud de factores afectan las interacciones de la gente con sus vecinos, con sus instituciones cívicas y con su gobierno. Estos factores son el resultado de muchas fuerzas, algunas de las cuales son de naturaleza local, mientras que otras son sistémicas y de alcance global. Los principales factores que en el siglo XXI han generado tensiones sociales —un entorno mediático fragmentado, profundos cambios demográficos, la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos, la desigualdad económica, el poder centralizado y el cambio climático— exigen una reevaluación de las instituciones políticas, de los ecosistemas de la sociedad civil y de las normas cívicas. Si no era claro antes de que la COVID‑19 sacara a relucir las tensiones en la colectividad política del país, ahora sí que es dolorosamente obvio.

Ningún conjunto de recomendaciones taxativas puede abordar todos estos retos y ninguna institución tiene el alcance necesario para influir en todos estos ámbitos. Con el fin de mejorar, fortalecer y mantener el ejercicio de la ciudadanía democrática, tenemos que reconocer cómo estos retos coinciden e identificar las intersecciones entre nuestras instituciones políticas, la cultura cívica y la sociedad civil en las que una reforma podría tener la mayor repercusión. Asimismo, hace falta que encontremos el camino de regreso al amor por la patria y por el prójimo. Hacemos hincapié en la palabra amor. Lo que nos hace falta tiene que ver tanto con nuestras motivaciones como con los mecanismos de cambio.

La Comisión realizó su estudio siguiendo tres vías clave. Escudriñó lo que ya existía en datos cuantitativos, así como la literatura sobre el compromiso político y cívico, la transformación demográfica, los cambios en los medios de comunicación y las condiciones socioeconómicas. Consultó con numerosos académicos y expertos. Celebró en todo el país casi cincuenta sesiones para escuchar las voces de grupos diversos de estadounidenses, en poblaciones pequeñas, en zonas suburbanas y en algunas de las ciudades más grandes. Estas investigaciones cuantitativas y cualitativas le permitieron a la Comisión precisar un amplio conjunto de inquietudes en comunidades de todo el país. Pero también le permitieron definir retos comunes a los que nos enfrentamos como país si queremos restaurar el funcionamiento de las instituciones políticas, la sociedad civil y la cultura cívica de Estados Unidos.

Durante los dos años de trabajo de esta Comisión, parecía que casi todas las semanas surgían nuevas encuestas, informes, proyectos y grupos de trabajo, y en cada uno se daba una explicación distinta de las condiciones actuales de los entornos político, mediático y cultural. Ciertos puntos clave son comunes en casi todas estas fuentes de información. Uno es que la confianza pública en el Gobierno federal está estancada en mínimos históricos. La desconfianza general en el Gobierno federal se ha convertido en un marcador constante en la escena política estadounidense rebasando más de un período presidencial y legislativo. Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2019 solo el diecisiete por ciento de los estadounidenses expresó confiar en que el Gobierno federal hiciera lo debido «casi siempre» (el tres por ciento) o «la mayor parte del tiempo» (el catorce por ciento).3 Hace veinte años, más del doble de los estadounidenses confiaba en el Gobierno federal siempre o la mayor parte del tiempo (el cuarenta por ciento). El Gobierno federal no es la única institución que ha visto caer su nivel de confianza en los últimos treinta años. Los estadounidenses también confían menos que antes en las empresas, en los medios de comunicación y en las instituciones religiosas (aunque todavía confían en buena medida en el estamento militar).4

Más recientemente, nuestra confianza en el prójimo también ha empezado a mostrar signos de estar decayendo. Si bien una mayoría significativa de estadounidenses confía en que sus vecinos informen de problemas graves a las autoridades (el setenta y cinco por ciento), en que obedezcan la ley (el setenta y tres por ciento) y en que ayuden a los necesitados (el sesenta y nueve por ciento), tenemos mucha menos confianza en los demás cuando entran en juego cuestiones políticas.5 En 2007, la mayoría de los estado­unidenses confiaba en la sabiduría política de sus conciudadanos. Pero, desde al menos 2015, esa confianza se ha transformado en escepticismo y hoy día, el cincuenta y nueve por ciento de los estadounidenses confía poco o nada en la sabiduría del pueblo estadounidense a la hora de tomar decisiones políticas.6 La confianza personal tanto en las instituciones como en los vecinos aumenta con la edad, la educación y los ingresos, y también es mayor entre los blancos que entre los hispanos o afroestadounidenses.7

«La verdad y la confianza. Hay tanto de malo ahora mismo con esta sociedad que llamamos democrática. En una democracia uno tiene que creer en sus dirigentes. Uno tiene que creer que cuenta con la oportunidad de elegir a las personas que uno sabe que van a hablar por uno. Y uno tiene que confiar en ellos y ellos tienen que confiar en uno. Creo que en este mundo en el que estamos viviendo, todo está estropeado».

—Lexington (Kentucky)

Sin embargo, los datos también demuestran que los estadounidenses no aceptan esta coyuntura. Los encuestados afirman que, aunque la poca confianza en el gobierno y en el prójimo complica la resolución de los problemas, es posible e importante tratar de mejorar la confianza. El ochenta y cuatro por ciento de los estadounidenses cree que la confianza que tenemos en el gobierno puede mejorarse, y el ochenta y seis por ciento piensa que podemos mejorar la confianza que tenemos en los demás, sobre todo si logramos reducir el partidismo, hacer que las noticias sean más objetivas y menos sensacionalistas, pasar más tiempo con personas en lugar de en las redes sociales y ejercer la empatía.8 Por una parte, incluso antes de la pandemia de COVID‑19 existía una sensación de crisis, un temor a que no podemos contar unos con otros o con nuestras instituciones cívicas y políticas compartidas para que funcionen en pos de nuestros intereses comunes. Por otra parte, existe una sensación de esperanza de que esta situación puede cambiar, de que nuestros problemas no son irresolubles y de que, traba­jando juntos en las comunidades, podemos reconstruir la confianza y la fiabilidad compartidas que son necesarias para el funcionamiento saludable de una democracia constitucional.

La pandemia de COVID‑19 puso de manifiesto muchos de los desafíos que estudiamos con más precisión seguidamente: la desigualdad social y económica, las distorsiones en la representación, la debilidad y el mal funcionamiento de las instituciones, y el perturbador entorno informativo. Todos estos factores limitaron la capacidad de nuestra sociedad para responder a la crisis con rapidez y eficacia. Al mismo tiempo, incluso cuando el gobierno flaqueaba, ciudadanos de todo el país respondieron con una generosidad desinteresada, con un espíritu de ayuda mutua, una voluntad de sacrificio por el bien común, así como con una creatividad e iniciativa inagotables que surgieron del pueblo. Esta experiencia subraya la necesidad de reinventar de manera fundamental la democracia estadounidense, así como la riqueza cívica que abunda en una población capaz de organizarse para tomar acción y dispuesta a fortalecer los vínculos comunales y el amor por la patria.

Las recomendaciones que presentamos aquí se han elaborado para abordar las priorida­des urgentes que hemos identificado durante casi dos años de investigación.

La desigualdad económica: un factor contextual central

Las condiciones económicas son un poderoso determinante del contexto de las conversaciones sobre la participación cívica, el gobierno, los medios de comunicación y la confianza. La elevada desigualdad que durante tanto tiempo ha imperado en Estados Unidos no solo hace que algunas personas tengan una voz mucho más fuerte que otras en nuestra conversación política, sino que también impide que algunas personas participen en los procesos democráticos. En muchas de las sesiones que celebró la Comisión para escuchar opiniones, algunos participantes hablaron de la imposibilidad de dedicar tiempo a asistir a las reuniones del concejo municipal o a votar en las elecciones primarias o generales, ya que tienen varios empleos y a la vez cuidan de sus hijos y otros familiares. El ingreso familiar de la mayoría de los estadounidenses lleva veinticinco años relativamente estancado. De 1993 a 2017, el ingreso familiar real promedio del 99 % más pobre de la población estadounidense creció solo un 15.5 %, mientras que el ingreso del 1 % más ​adinerado de las familias estadounidenses crecieron un 95.5 %.9 Antes del colapso económico provocado por la pandemia de COVID‑19, la desigualdad económica en Estados Unidos era más extrema que en cualquier otra época desde 1929. Esta histórica concentración ascendente de los ingresos y la riqueza en Estados Unidos ha sido tanto causa como efecto de la falta de compromiso político. Los estudios han demostrado que las prioridades del Congreso están ahora en consonancia con las preferencias de los más adinerados.10 Los estadounidenses de ingresos bajos y medios perciben correcta­mente que es probable que prevalezcan los deseos de los ricos, y su respuesta es desentenderse de los pudientes en un círculo vicioso.

La influencia real y percibida de los grandes donantes en las campañas políticas es otra ​cuestión que surgió con frecuencia en las sesiones organizadas por la Comisión. En 2016, se calculó que el costo combinado de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Estados Unidos fue de 6300 millones de dólares (sin incluir ninguno de los gastos en campañas locales o estatales).11 Muchos estadounidenses opinan que, al equiparar el dinero con la palabra, hemos disminuido esa igualdad de representación que es tan fundamental en el modo en que nuestro país funciona. Como comentara un dirigente cívico en Phoenix (Arizona): «Parece que cuando el dinero habla, tiene mucho más volumen que las voces». Las sesiones para escuchar a los ciudadanos no dejaron duda de que muchos estadounidenses creen que se ha producido un cambio en el funcionamiento de nuestro sistema político y que, como resultado de este cambio, sistemáticamente muchas voces se han dejado de oír en la conversación política. Aunque la realidad de la influencia del dinero en la política es difícil de desentrañar, los estadounidenses suelen expresar la ​opinión de que los resultados políticos se han visto distorsionados por la desigualdad de ingresos y riqueza. Esto apunta a una erosión en la legitimidad de nuestras instituciones. En este informe se ofrecen recomendaciones de normas que cambiarán nuestro sistema político con miras a reducir la influencia del dinero en el entorno político, a darle peso a un mayor número de voces y a aumentar la legitimidad de nuestras instituciones a ojos de los ciudadanos.

La reforma democrática no tiene por qué esperar a que se apliquen los remedios económicos. De hecho, una premisa subyacente de este informe es que para lograr una participación política más plena y equitativa para todos tenemos que alcanzar una mayor igualdad económica en Estados Unidos. La relación entre la desigualdad económica y la desigualdad política fluye en ambos sentidos. Así mismo tienen que hacerlo las soluciones.

Obstáculos para votar

En nuestras últimas elecciones nacionales, de entre las treinta y dos naciones de la OCDE de las que se dispone de datos sobre participación electoral,12 Estados Unidos ocupó el vigésimo sexto lugar. En Estados Unidos, la participación de los votantes tiende a ser mayor en las elecciones presidenciales que en las de mitad del ciclo electoral. Alrededor del sesenta por ciento de los ciudadanos con derecho a voto acudieron a las urnas en las últimas cuatro elecciones presidenciales, en comparación con el cuarenta por ciento que participó en la mayoría de las elecciones de mitad de ciclo desde 1918 hasta 2014.13 El año 2018 —en el que el 50.3 % de los electores votó en las elecciones de mitad de ciclo— fue excepcional en cuanto a participación, pero incluso esa cifra no igualó a las de las elecciones presidenciales. Sabemos mucho menos acerca de la participación en las elecciones locales, salvo que suele ser mucho más baja, sobre todo cuando esas elecciones no coinciden con una elección presidencial. En un estudio, la participación media fue inferior al quince por ciento en las elecciones de alcaldes y concejales de las diez principales ciudades del país.14

«Uno tiene dos empleos y niños también… el factor tiempo es un problema. Y luego, necesitas plata para acudir a las urnas, para contratar a alguien que se quede con los niños. Son muchísimas la trabas y los costos asociados con participar en el proceso. La lista es interminable».

—Phoenix (Arizona)

En conversaciones por todo el país, muchos estadounidenses coincidieron en que hoy por hoy la dinámica de la política federal disminuye el poder que el común de las gentes posee para influir en los resultados electorales. Hicieron referencia a la influencia de los grandes donantes en las campañas políticas, a la manipulación de los distritos electorales y al Colegio Electoral, e incluyeron el papel de los medios de comunicación. En todo el país, los conciudadanos afirmaron que los procesos políticos a menudo parecen estar diseñados para privarles de sus derechos. Simpatizantes de la izquierda y de la derecha hicieron hincapié en distintas causas para explicar esa sensación de privación, pero la inquietud se compartía de forma amplia en ambos grupos. También estuvieron de acuerdo en que el gobierno local tiene mucha más influencia en su vida cotidiana. Nos enfrentamos a la paradoja de que un mayor número de personas opta por participar en las elecciones nacionales, cuyos resultados consideran que solo representan su voz de forma impredecible, mientras que deciden no participar en las elecciones locales, que se considera son más representativas y receptivas.

Muchas de las personas con las que habló la Comisión atribuyeron la baja participación a numerosos factores —algunos más viejos y otros más recientes— que dificultan empadronar votantes, entender cómo votar y depositar el voto en la urna. Como expresara un participante en la sesión que se efectuó para escuchar a los residentes de Farmville (Virginia), el objetivo de todos nuestros procesos de votación debería ser «facilitar de una manera casi increíble el acto de votar». Un dirigente local de Lowell (Massachusetts), observó que votar es la única «transacción en Estados Unidos» en la que hay que «inscribirse muy de antemano, antes de lo que se va a hacer… Así que de veras es una barrera para quienes votan por primera vez, que suelen ser los jóvenes o los ciudadanos recién naturalizados, o las personas que nunca antes han participado en el sistema». La Comisión propone varias recomendaciones para facilitar el voto de los ciudadanos y para elevar la importancia del voto en la mente de todos como algo fundamental para la vida en una democracia constitucional.

Representación distorsionada

Como hemos visto, cuando se formulan políticas, los resultados se ajustan a las preferencias de los más favorecidos. Una desigualdad elevada que viene de antaño distorsiona la representación política al darle demasiado peso a la voz de un subgrupo de ciudadanos. Esta no es la única forma en que las voces de algunos ciudadanos reciben un peso desigual. Algunas de las distorsiones actuales están integradas en las normas de representación. Los artífices de la Constitución diseñaron el Senado y otras instituciones de manera que no se le otorgara demasiado poder a una mayoría numérica simple. En la medida en que el tamaño, la diversidad y la distribución de la población han cambiado de maneras que en 1787 eran inimaginables, el poder del Senado ha crecido de forma desproporcionada. Esta tensión se traduce en la creciente brecha de representación entre lo urbano y lo rural, lo cual también es una brecha de representación entre las poblaciones no blancas y blancas. En 2020, los veintiséis estados con menor número de habitantes controlan la mayoría de los votos en el Senado, mientras que solo representan el dieciocho por ciento de la población del país.

En la Constitución no se dictan otras reglas de representación —ni las de los distritos en que solo hay un representante ni las de los sistemas electorales en los que el ganador se lleva todo—. Pero son prácticas tan arraigadas en los sistemas de votación de todos los estados, que a menudo parece que son el orden natural de las cosas. Como detallamos a continuación, por todo el país han surgido activistas cívicos que le están recordando a la ciudadanía que este orden sí se puede cambiar.

«El resultado de las elecciones en sí se ve venir a leguas por la manera en que se han trazado los distritos».

—Farmville (Virginia)

Algunas distorsiones estructurales son creadas y reforzadas por personas que ya ostentan el cargo y que solo buscan el usufructo personal. Dentro de los estados, la manipulación de los distritos para obtener ventajas partidistas les confiere a los votantes de ciertos distritos legislativos una mayor voz que a sus vecinos, y contribuye al ambiente de polarización, incluso en el ámbito local. Un hombre de la zona rural de Virginia señaló: «Yo no creo que tengamos un gobierno representativo que refleje a la gente. Y una de las razones es que creo que vivimos en una sociedad con elecciones amañadas. Hay gente con la capacidad de manipular los distritos electorales para ganar sus elecciones». La ciudadanía se está organizando para promulgar formas de acabar con esa manipulación de circunscripciones electorales. Inspirado en esos esfuerzos, este informe ofrece recomendaciones para ayudar a igualar la representación y equilibrar el peso de la voz de los ciudadanos.

Instituciones desestructuradas

Darles una mayor voz a los votantes es una cosa, pero asegurarse de que alguien los escuche es otra. Muchos de los participantes en las sesiones para escuchar opiniones que organizó la Comisión consideraron que las instituciones de gobierno no responden a las inquietudes de los electores salvo en época de elecciones. Los datos lo corroboran. El año pasado, solo uno de cada diez estadounidenses asistió a una sesión pública, como una reunión de la junta de zonificación o de la junta escolar.15 Independientemente de su origen racial, en 2018, menos del quince por ciento de los estadounidenses asistió a una reunión política local. Menos del diez por ciento asistió a una protesta, marcha o manifestación política; y menos del cinco por ciento trabajó para un candidato o para una campaña política. Los estadounidenses de raza blanca contactaron a un funcionario público con el doble de frecuencia que cualquier otro grupo racial; pero incluso entre los blancos, menos del treinta por ciento lo había hecho.16

Son muchos los factores que desaniman al estadounidense a participar de manera activa en sus instituciones de gobierno. Entre esos factores se cuentan los horarios inconvenientes de las audiencias públicas y de las sesiones del concejo municipal, la naturaleza incómoda de muchos espacios públicos y la dificultad de contactar a funcionarios elegidos de más alto rango. Como nos dijera un hombre de Bangor (Maine) sobre su presencia en audiencias públicas del ámbito estatal: «He ido a muchas audiencias públicas y he mirado al panel y se me ha ocurrido: “A ellos no les interesa para nada lo que tengo que decir”. He malgastado dos horas para llegar a Augusta, nevó todo el camino y cuando por fin llegué ya ustedes habían decidido qué iban a hacer».

Los estadounidenses reconocen el potencial de mayor participación que hay entre los funcionarios locales y sus electores, particularmente si se les compara con los estatales o federales. Un joven dirigente filantrópico de Lexington (Kentucky) señaló: «En el ámbito nacional las cosas son menos tangibles. Se ven menos efectos tangibles. Pero son los candidatos locales, que no reciben tanta atención, quienes realmente transforman tu vida en el día a día». Los funcionarios locales describieron las repercusiones de las redes sociales en el funcionamiento del gobierno local. Comentaron que las redes sociales si bien aumentan el volumen de conversaciones en torno a ciertos temas de actualidad, no logran impulsar una interacción significativa con los electores. Un funcionario municipal del condado de Ventura (California), comentó: «La gente se organiza en las redes sociales para tratar muchas cuestiones, pero eso no se traduce en acción que llegue a los recintos del Concejo ni en el envío de mensajes electrónicos a los representantes elegidos. Las conversaciones se producen y son muy organizadas, pero solo en el ámbito virtual. En términos prácticos ¿cómo se logra que esas personas den un paso al frente?»

La Comisión descubrió que estas frustraciones son generalizadas y desaniman la participación en muchos entornos. En este informe ofrecemos sugerencias para que las instituciones políticas en los ámbitos local, estatal y federal se vuelvan más receptivas a las voces de los ciudadanos

Una sociedad civil fragmentada

Como respuesta a la situación que estamos viviendo, no basta con hacer cambios en nuestros procesos e instituciones políticas. Todas las instituciones de la sociedad civil que unen a las comunidades —las bibliotecas, los templos, los parques, las empresas, los equipos deportivos, los clubs de fans, las organizaciones filantrópicas, las universidades, los museos y los teatros— y otras más le ofrecen al pueblo formas de participar en la vida de sus comunidades que no suponen tener que salir a votar, asistir a audiencias públicas ni ver debates. Más bien crean muchos espacios compartidos en los que los estadounidenses pueden encontrarse con personas que son distintas a ellos: en Estados Unidos hay más bibliotecas públicas (16 568), por ejemplo, que cafeterías Starbucks (14 300)17, y el número de bibliotecas es diminuto si se le compara con el número de lugares de culto de todas las denominaciones (más de 350 000).18 Las instituciones de la sociedad civil crean conjuntamente una infraestructura social que apoya a las comunidades dinámicas y resistentes.19 A menudo, son los lugares en los que los estadounidenses adquieren por primera vez las destrezas prácticas y costumbres de arraigo que son fundamentales para la ciudadanía democrática.20 Son los lugares en los que los ciudadanos de todas las clases sociales se congregan para asistir a reuniones, tomar decisiones presupuestarias y votar, y son los lugares en los que estos ciudadanos pueden desarrollar el respeto por las diversas opiniones y optan por comprometerse con el bien común.

Los líderes de las instituciones de la sociedad civil son conscientes de la importancia del papel que desempeñan en mantener la buena salud de la cultura cívica. Como nos dijera un líder religioso de la ciudad de Nueva York: «La comunidad religiosa tiene que ayudarnos a todos a entender que, si no creamos oportunidades para que todo el mundo participe en esto, estas instituciones simplemente pierden su legitimidad». Pero en nuestras conversaciones nos percatamos de que a muchas de estas instituciones se les está haciendo difícil superar la polarización de sus propios integrantes. Además, es común entre ellas carecer de los recursos para solventar sus necesidades de infraestructura, financiación y liderazgo. Estas instituciones deberán conectarse mejor entre sí, integrar sus programas más plenamente en las comunidades y servir de forma más eficaz como puentes para aquellos que de otro modo no podrían encontrar un terreno común. Sin instituciones de la sociedad civil que trabajen juntas y construyan puentes entre las divisiones, ninguna intervención gubernamental bastará para restaurar la cohesión de las comunidades fragmentadas por la demografía, la ideología, los ingresos y la suspicacia.

Como nos dijera el director de una biblioteca en Maine: «No tenemos muchas conversaciones en persona. En Facebook se habla mucho, ya sabes, pero no hay mucha relación entre las personas que piensan de manera diferente sobre temas políticos. Las bibliotecas pueden estar en una posición singular para congregar a las personas que provienen de diferentes orígenes, que tienen diferentes perspectivas, con el fin de dar inicio a un diálogo».

«Una sociedad democrática es un conjunto de ideales compartidos, ¿cierto? Solo funciona como grupo. Esa podría ser su definición... Y eso, me temo, podría convertirse en un círculo vicioso: cuanto peor funcione el sistema, menos se esforzará la gente en el sistema; es un círculo vicioso en el que podríamos meternos».

—Ellsworth (Maine)

Entorno mediático perturbador

En 2019, el setenta y dos por ciento de los estadounidenses participaba activamente en las redes sociales. Más del setenta por ciento de los usuarios de Facebook y el ochenta por ciento de los usuarios de YouTube visitaba esos sitios al menos una vez al día.21 Con el advenimiento de las redes sociales sin duda ha cambiado nuestra cultura cívica, pero en vista de que la mayoría de los datos que nos ayudarían a evaluar esta situación son propiedad privada y no están disponibles para ser estudiados, es imposible describir con exactitud cómo se ha producido esto y cuáles podrían ser sus consecuencias. No obstante, la transformación es innegable. Consideremos cómo el auge de las redes sociales ha coincidido con los cambios en los modelos de negocio de las publicaciones noticiosas y con una disminución sostenida del número de periódicos que circulan en el país: desde 2004, casi 1800 periódicos, incluidos más de 60 diarios y 1700 semanarios, han dejado de publicarse.22 En el 6 % de todos los condados de Estados Unidos no se publica ningún periódico; en el 46 % solo se publica un periódico, casi siempre semanal; y en el 64 % no se publica ningún diario.23

Muchos de los estadounidenses que participaron en las sesiones que organizó la Comisión hablaron de cómo el surgimiento de las redes sociales ha hecho que sea menos probable que la gente se relacione en persona con los integrantes de su comunidad. Como dijera uno de los participantes, después de describir la cantidad de tiempo que la gente pasa ahora en las redes sociales: «Si dedicaran parte de ese tiempo a tomar cartas en el asunto y a relacionarse directamente con otras personas, eso, sin duda, sería aprovechar mejor el tiempo».

Algunos activistas señalaron que las redes sociales pueden ser una herramienta valiosa para que las organizaciones lleguen a la gente y la impliquen en iniciativas comunitarias, incluidas marchas, campañas políticas e iniciativas de recaudación de fondos en las escuelas. Además, señalaron que en las redes sociales se puede crear un espacio en el que algunos se sientan más libres para expresarse sobre cuestiones de importancia. Pero muchas más personas ven las redes sociales como un entorno que socava la confianza y la fiabilidad, y que contribuye a crear un mundo en el que diferentes grupos cuentan cada uno con su propio conjunto de datos, lo cual imposibilita el debate deliberativo y hace del consenso una meta esquiva. Desde la difusión de desinformación en Facebook y Twitter hasta la cantidad de tiempo que la gente pasa en internet, quienes hablaron enumeraron una amplia gama de preocupaciones sobre la repercusión de las redes sociales en la calidad del debate público. Coincidieron en que las redes sociales han polarizado el debate político y han hecho que la participación política se perciba como un riesgo social; y dijeron que les hacía menos propensos a hablar en las reuniones públicas, a poner un cartel de apoyo a un candidato electoral en el frente de la casa o incluso a considerar la posibilidad de candidatizarse para una elección. Una mujer de Maine explicó que las redes sociales «tienen aplicaciones maravillosas, pero también contribuyen a la degradación de nuestro discurso civil, porque la gente dice cosas en internet que jamás diría cara a cara. Para mí fue como abrir la caja de Pandora en cuanto a su efecto». Comentarios como este nos llevaron a preguntarnos si las empresas de redes sociales, siendo privadas y teniendo de primera prioridad generar ganancias, son capaces de servir también un fin cívico.

En este informe se presentan varias sugerencias de normatividad que radican en el concepto de que las redes sociales, al igual que los medios de difusión, pueden y deben estar al servicio del interés público, en lugar de socavarlo. No necesitamos redes sociales, sino redes cívicas.

Falta de compromiso compartido con la democracia constitucional

Un estudio internacional realizado en 2017 por el Centro de Investigaciones Pew sobre el compromiso de la gente con la democracia reveló noticias preocupantes. El cincuenta y uno por ciento de los encuestados en Estados Unidos se describió como «insatisfecho» con el funcionamiento de la democracia en su país, y el cuarenta y seis por ciento dijo estar dispuesto a contemplar formas de gobierno distintas de la democracia representativa, incluido el gobierno de un dirigente fuerte o dirigido por grupos de expertos. Esta tendencia era más pronunciada entre las personas de dieciocho a veintinueve años que entre los mayores de cincuenta.24 En el contexto del miedo y la angustia generados por la COVID‑19, es aún más importante que la democracia constitucional esté a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos.

Para comprometernos con la democracia consti­tucional, primero debemos comprometer­nos con nuestros conciudadanos y tener fe en ellos. Para los ciudadanos que nos hablaron, esta fe parece revivir entre rescoldos en momentos de tragedia comunitaria. En Calabasas (California), región que se recupera de una trágica temporada de incendios forestales, un funcionario municipal describió el efecto de los incendios en el sentimiento de propósito compartido dentro de la comunidad: «En mi calle había un tipo que iba apagando el fuego de las casas incendiadas y siguió ahí cuando ya se habían ido los camiones de bomberos. Fue un salvador. Muchos se ofrecieron de voluntarios. Muchos conocieron a sus vecinos por primera vez. Hubo una especie de despertar cívico de que todos somos, a causa de la tragedia, responsables unos de otros. Así que siento un nuevo vínculo con mis vecinos, que espero que siga. No lo sé». Muchos expresaron su preocupación por el hecho de que, más allá de los espectáculos deportivos y la respuesta comunitaria a una tragedia, los estadounidenses no tienen vivencias compartidas que les den un sentido de propósito común. También hicieron eco —y se lamentaron— de las escasas oportunidades que tienen hoy los estadounidenses para trabajar juntos con miras a mejorar sus comunidades y fomentar la confianza más allá de cualquier división. Sin embargo, la democracia depende de un sentido de conexión más duradero, así como de oportunidades para practicarlo. La llegada de la crisis de la COVID‑19 ha dejado esto muy claro. La salud y el bienestar de todos dependen de una solidaridad social que inspire el compromiso con las medidas y con que se hagan las inversiones necesarias para derrotar la pandemia.

Tener fe en nuestros conciudadanos también requiere creer que comparten algún sentido de propósito común, y que buscan y pueden tomar decisiones éticas y con conocimiento de causa sobre nuestro destino compartido. Sin embargo, muchas personas que participaron en las sesiones que organizó la Comisión opinaron que sus conciudadanos no están bien informados: una creencia que, naturalmente, debilita su compromiso con el sistema democrático. Describiendo a muchos de sus conciudadanos, una votante independiente de Greensboro (Carolina del Norte), afirmó: «A decir verdad, es que ni siquiera saben cuál es el primer paso para comprometerse cívicamente… Hoy muchos se quejan de que en las escuelas ya no enseñan ni educación cívica ni economía, y para mí, lo primero para tener una democracia saludable es que la población esté bien educada sobre cómo comprometerse».

Por último, muchas de las personas con las que hablamos expresaron la importancia de un compromiso compartido con el «bien común», aunque cuando se les presionó, se les dificultó articular los valores comunes que nos conectan. En este sentido, subrayaron la falta de una explicación genuinamente común sobre quiénes somos los estadounidenses. Un dirigente local de Lowell (Massachusetts), puntualizó: «Una historia compartida o una explicación nacional común nos une, pero también creo que nos divide. Todos añoramos los días de Walter Cronkite, pero si eras afroestadounidense, gay o mujer, probablemente no fue la mejor época. Y ahora, al incluirse a más grupos que habían sido excluidos, va cambiado la explicación compartida. Y parte de esa unidad que sentíamos, fuera o no artificial, se ha fracturado un poco».

En este informe se propone una línea de acción que ayudará a crear estas oportunidades y, por tanto, a recuperar una mayor fe en los vecinos y en uno mismo.