��ɫӰ��app

Estrategia 2: Potenciar a los votantes

«Uno se desanima. Uno dice: “Pero la vez pasada no hicieron nada”. Así que a veces creo que ni siquiera oyen mi voz… o que mi voto ni cuenta ni importa».

—Jackson (Misisipi)

Dos imperativos le dan fuerza a la segunda estrategia de la Comisión.

El primer imperativo es facilitar la manera de votar, siempre y cuando sea posible. En Estados Unidos, los impedimentos estructurales, los anacronismos históricos y en algunos casos, la privación intencional del derecho de votar, han contribuido a los bajos índices de participación electoral. Pero ninguna de estas barreras es inamovible. Podemos superarlas. ¿Cómo? Dándoles a los votantes más oportunidades de votar; protegiendo el derecho de votar en tiempos de emergencias; celebrando las elecciones federales en un día festivo nacional; inscribiendo automáticamente para votar a los ciudadanos que tienen derecho al sufragio; preinscribiendo a los jóvenes de dieciséis y diecisiete años, y educándolos antes de que cumplan la edad legal para votar; y restableciendo el derecho de votar a reos que ya pagaron su condena. Estas son algunas de las recomendaciones que definen parte de la segunda estrategia de la Comisión, todas ellas diseñadas para potenciar a los votantes.

El segundo imperativo le impone la responsa­bilidad más directamente al votante. Votar es un privilegio de los ciudadanos, pero también es una responsabilidad. Hemos luchado mucho internamente para ampliar nuestra democracia constitucional, en parte mediante las Enmiendas XV y XIX, que garantizan el derecho de votar, con independencia de la raza o el género del votante. La lucha por el derecho de voto no ha cesado, pero cuando se mitigan algunas barreras, se vuelve obligación del ciudadano cumplir con sus responsabilidades. Por eso, la Comisión también recomienda que la participación en el proceso electoral se torne obligatoria.

El ciudadano debe sentir ansias de votar. A medida que mejore la representación (la estrategia 1) y las instituciones sean más receptivas y tengan mayor capacidad de respuesta (la estrategia 3), serán menos los ciudadanos que consideren que el voto es un ejercicio inútil y puramente simbólico. Fortalecer la capacidad de la sociedad civil para tender puentes entre los estadounidenses (la estrategia 4) y crear una arquitectura de información saludable (la estrategia 5) les darán a los votantes la experiencia y los conocimientos que necesitan para participar. El objetivo consiste en fomentar una cultura (la estrategia 6) en la que no votar sea un tabú. ¿Quién optaría por desaprovechar la poderosa, profunda y alegre expresión del accionar político en el que se habrá convertido el voto?

2.1 

Brindarle a la gente más opciones sobre dónde y cuándo votar, con leyes de alcance estatal en todos los estados: leyes que apoyen el establecimiento tanto de centros con urnas como de la votación temprana. Durante una emergencia como la de COVID‑19, los funcionarios deben estar preparados para actuar con celeridad y adoptar medidas extra­ordinarias para preservar el acceso a las urnas y proteger el derecho fundamental de votar.

Las barreras legislativas explícitas a la parti­cipación no son los únicos obstáculos que deben superar los estadounidenses que deseen ejercer su derecho de votar. El transporte, las largas colas y los lugares y horarios carentes de comodidades también representan retos. En 2020, una gran pandemia se presentó como otra barrera más, las elecciones primarias y locales se postergaron, y los estadounidenses practicaron el distanciamiento social y acataron las órdenes de permanecer en casa para evitar la propagación del coronavirus. Los estados y las jurisdicciones locales deben tomar más medidas para que el voto sea accesible, seguro y fácil para sus conciudadanos.

Cuando se les ofrece la posibilidad de escoger durante unas elecciones normales, los votantes eligen un lugar de votación en función de lo demás que estén haciendo ese día (ir a trabajar o a una cita médica, dejar a los niños en la escuela, etc.). Para reducir los obstáculos a la hora de votar, algunos condados y ciudades del país, como el condado de Larimer (Colorado), han habilitado centros de votación —sitios como Walmart y Costco, de ubicación cómoda, con amplio estacionamiento y de horario generoso— en lugar de depender exclusivamente de los centros electorales tradicionales en los barrios. En los centros de votación, los votantes pueden depositar el voto dentro de su jurisdicción, sin que importe cuál sea su distrito electoral específico.

Aunque los votantes han reseñado los centros de votación con palabras positivas y se ha demostrado que estos centros aumentan la participación, no están diseñados para sustituir a los centros de votación de los distritos electorales, sino que constituyen una opción más para aquellos que necesitan un lugar más flexible. Dieciséis estados ya permiten que se habiliten centros de votación el día mismo de las elecciones: Arizona, Arkansas, California, Colorado, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Nevada, Nuevo México, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Los gobiernos estatales y locales también tienen que aumentar el acceso al voto temprano. Es imposible que todo el mundo pueda votar en un mismo día: incluso en los días festivos, mucha gente trabaja o está de viaje. Hoy día, en treinta y nueve estados y en el Distrito de Columbia se permite votar durante un lapso definido antes del día de los comicios.

Ampliar el voto temprano hasta al menos dos semanas antes del día de las elecciones también debería formar parte de la solución, aunque alargarlo mucho más no es aconsejable, ya que un período más largo aumenta las posibilidades de que los votantes tomen decisiones antes de que sucedan acontecimientos críticos en una campaña. Ni los centros de votación ni el voto temprano han demostrado favorecer a un partido más que a otro.

Cuando ocurren emergencias como la pandemia de COVID‑19, los funcionarios estatales y locales deben estar prestos para actuar con el fin de proteger el derecho de votar y garantizar la legitimidad de los resultados de las elecciones.37 En el caso de la pandemia de 2020, los funcionarios electorales también tienen que ocuparse de la salud pública. Durante emergencias como esta, las opciones del voto por correo, de alcance universal, deben ampliarse en todos los estados. Además, el voto en persona debe estar al alcance de todos, siempre y cuando se ajuste a las directrices de salud pública. Garantizar que toda medida de emergencia sea transparente, que esté bien publicitada, que sea coherente con las leyes vigentes y que se realice en tono bipartidista es fundamental para proteger la legitimidad de todo resultado electoral.

En ocho estados, todas las votaciones o la mayoría se hacen por correo. Ahí, los ajustes para 2020 serán mínimos, pero en los otros cuarenta y dos estados, este cambio podría requerir promulgar leyes, expedir órdenes ejecutivas de emergencia o reglamentar las leyes vigentes a fin de facilitar el voto por correo.38 Las exigencias impuestas sobre la infraestructura electoral de estos cuarenta y dos estados será considerable. Un factor crítico inicial consistirá en establecer medios para garantizar la integridad de las listas de votantes empadronados. Para ampliar el voto por correo se precisarán inversiones federales y estatales en equipos nuevos para procesar papeletas y verificar firmas; para capacitar a los administradores y voluntarios electorales; y para realizar campañas masivas de educación pública centradas en la inscripción de votantes, la solicitud de papeletas y los plazos importantes que deben cumplir. Para maximizar la participación y garantizar la confianza en los resultados de los comicios, los estados deben aumentar el número de lugares donde se puede votar, exigir que los sobres en los que los votantes devuelven sus papeletas diligenciadas lleven el franqueo prepagado, cumplir las prácticas óptimas en cuanto al diseño de las papeletas, adoptar un programa informático para el seguimiento de las papeletas y realizar auditorías postelectorales. Incluso si se amplía la votación por correo, también será importante no reducir el número de centros de votación: durante una crisis de salud pública, conviene que las colas sean más cortas y que los recintos estén menos congestionados. Los estadounidenses deben prepararse para ver los resultados al cabo de días, incluso al cabo de semanas del día de los comicios. Aunque estos esfuerzos serán costosos, garantizar durante esta crisis que todos los ciudadanos con derecho de voto en las elecciones generales puedan hacerlo y que se cuenten sus votos es fundamental para el bienestar de nuestra democracia constitucional.

2.2 

Cambiar el día de las elecciones federales para que se celebren el Día de los Veteranos con el fin de honrar el servicio de los excombatientes y los sacrificios que han hecho para defender nuestra democracia constitucional, y también para garantizar que la votación tenga lugar en un día que mucha gente tiene libre. Armonizar los calendarios electorales estatales con esta nueva fecha para las elecciones federales.

Los excombatientes han luchado durante siglos para preservar la democracia estadounidense y el derecho de votar. Para honrar sus sacrificios, el Congreso debe convertir el Día de los Veteranos en el día de votar en las elecciones federales. El Día de los Veteranos rinde tributo al patriotismo de generaciones de conciudadanos que han prestado servicio militar. Votar en esa fecha les recordará a los estadounidenses su compromiso para con la democracia constitucional y con sus conciudadanos. Trasladar el día de las elecciones a un día festivo federal también les facilitará votar a los electores modernos. Fue en 1845 cuando se definió que las elecciones se celebrarían en el día martes; se evitaba así que en la sociedad agraria de la época los comicios interfirieran en el día del mercado (generalmente los miércoles) y en el día de guardar (los sábados o domingos). La designación de un día de elecciones que priorice las necesidades de los votantes es un principio que hoy por hoy tiene la misma validez que tenía hace 175 años.

• Estados Unidos ocupa el vigésimo sexto lugar en participación electoral entre los treinta y dos países de la OCDE de los que se disponen datos, y es uno de los nueve únicos en los que se vota en un día laborable.39
• El sesenta y cinco por ciento de los estado­unidenses está a favor de que el día de las elecciones caiga en un día festivo nacional.40

En Estados Unidos se celebran elecciones con mayor frecuencia que en casi todos los demás países. Para disminuir el número de veces que los votantes sean llamados a las urnas, las legislaturas estatales y municipales debieran coordinar sus calendarios con los del gobierno federal.41 Esta medida podría aumentar mucho la participación, sobre todo en las elecciones con poca afluencia de votantes como tienden a ser las de los órganos legislativos locales y las juntas escolares. Aunque por esta coordinación las papeletas serían más largas y los electores podrían cansarse de tanto escoger, algunos municipios están probando soluciones innovadoras, como invertir el orden de la papeleta de manera que los asuntos que tradicionalmente han sido de importancia secundaria, como las elecciones a la junta escolar, figuren en la parte superior, y los temas muy publicitados, como las elecciones presidenciales o las de gobernador, se vean al final de la papeleta.

Para poner en práctica estas reformas se precisará coordinación entre los secretarios de Estado, las autoridades legislativas y los funcionarios electorales de todos los rangos. Será fundamental que grupos de la sociedad civil, como las organizaciones de excombatientes, se aseguren de que se celebre el aspecto conmemorativo del festivo y de que el reconocimiento de los sacrificios de los veteranos sea intrínseco al acto de votar.

2.3 

Establecer, promulgando leyes estatales y federales, la inscripción universal y la posibilidad de inscribirse para votar el mismo día de las elecciones. Se deberán asignar fondos y capacitación suficientes para garantizar que todos los organismos gubernamentales que tengan contacto con los ciudadanos incluyan la inscripción universal de votantes en sus procesos.

En casi todo Estados Unidos, la responsabilidad de inscribirse para votar recae de manera individual en cada persona. Décadas de investigaciones han demostrado que si se facilita el proceso de inscripción se aumenta significativamente el número de personas que votan, por lo que las normas que aumenten la oportunidad y el acceso a la inscripción de votantes son de importancia vital. Los estados deben promulgar leyes que obliguen a todas las dependencias estatales de servicios sociales a incluir la inscripción automática en sus servicios, para así aumentar la exactitud y la verificación del derecho de votar. En estados que ya adoptaron estas medidas, como Oregón y Vermont, se han ampliado significativamente las listas de votantes. Recomendamos también que el Congreso promulgue leyes que exijan a las agencias federales ampliar esta innovación de la inscripción de votantes a un sistema de inscripción universal que abarque a todo el país. El sesenta y cinco por ciento de los estadounidenses apoya la inscripción automática de todos los ciudadanos con derecho de votar.42

• En dieciséis estados y el Distrito de Columbia se ha implantado o se está implantando la inscripción automática. Y en treinta y nueve estados están en marcha proyectos de ley que proponen lo mismo.
• Las tasas de inscripción de votantes han aumentado en todos los estados que han adoptado la inscripción automática, con incrementos en el número de inscritos que van del 9 al 94 %.43

Dado que no todos los ciudadanos con derecho de votar tendrán un encuentro con un organismo estatal o federal antes del día de las elecciones, también se debe contar en todos los estados con la opción de inscribirse el mismo día de los comicios. Se ha demostrado en muchos estados que la inscripción en el mismo día aumentó la participación hasta en un cinco al siete por ciento. Algunos estados ya habían adoptado estas normas en la década de 1970. En las elecciones de 2020, más de veinte estados y el Distrito de Columbia ofrecerán inscripciones el día mismo de las elecciones, normativa que cuenta con el apoyo del sesenta y cuatro por ciento de los estadounidenses.44

La Comisión tiene muy presentes las lecciones aprendidas con la aplicación de la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 (Motor Voter Act) respecto a la aplicación de la inscripción automática universal. Los dirigentes de organismos y los ejecutivos de quienes ellos dependen serán fundamentales para poner en práctica la inscripción automática universal, la cual requiere que la inscripción de electores se integre con los sistemas de datos de todos estos organismos. Se deberán establecer salvaguardias adecuadas en torno a cuestiones de requisitos (como tener el estatus de ciudadano); los empleados de los organismos que tratan con el público necesitan capacitación; y para implementar estas reformas se requiere, por supuesto, financiación.

2.4 

Promulgar leyes estatales que establezcan la preinscripción de los jóvenes de dieciséis y diecisiete años y ofrecerles oportunidades educativas para que practiquen las formas de votar en el proceso de preinscripción.

«Basta con llevar una urna digital a cada escuela. Es ahí donde tenemos que crear más experiencias directas con el proceso para que los jóvenes se apersonen de él y sientan plena confianza».

—Lexington (Kentucky)

Los votantes más jóvenes del país tienden a acudir a las urnas en menor proporción que los más mayores. Las investigaciones sugieren que esto se debe a que los votantes más jóvenes se mudan con mayor frecuencia y, por lo tanto, sus nexos con la comunidad son más débiles. En varias sesiones que realizó la Comisión, los jóvenes estadounidenses ofrecieron otra explicación: a menudo no acuden a las urnas porque no quieren «votar mal» o no quieren «equivocarse».

Inculcar el voto como hábito desde joven puede repercutir a largo plazo en la probabilidad de que el votante acuda a las urnas. Para animar a los electores jóvenes a votar con más frecuencia y en mayor número, los legisladores estatales deben aprobar leyes que posibiliten la preinscripción de los jóvenes de dieciséis y diecisiete años. Luego, todos estos jóvenes que se hayan preinscrito deben ser incluidos automáticamente en el censo electoral cuando cumplan los dieciocho años.

• Catorce estados y el Distrito de Columbia permiten la preinscripción de los jóvenes de dieciséis años, y cuatro estados permiten la preinscripción de los jóvenes de diecisiete años.
• Los estudios demuestran que la preinscripción aumenta la participación a razón de entre dos y ocho puntos porcentuales entre los votantes jóvenes, sobre todo cuando se acompaña de demostraciones en la escuela sobre cómo votar.45

Tanto preinscribirse de joven como aprender a votar deben ser componentes esenciales del plan de estudios de los cursos de educación cívica, ciencias sociales e historia. Los requisitos de educación cívica deben incluir la coordinación con funcionarios electorales locales para que a los alumnos se les den muestras de las papeletas y se les hagan demostraciones con máquinas para votar. Al igual que con la recomendación 2.3, esta iniciativa supondrá cumplir con algunos requisitos técnicos, en particular crear una base de datos que proteja los datos de los preinscritos y que se los añada automáticamente a las listas de empadronamiento cuando cumplan los dieciocho años.

2.5 

Establecer, mediante legislación del Congreso, que el voto en las elecciones federales sea un requisito obligatorio para ser ciudadano, de la misma manera que es obligatorio en los estados prestar servicio de jurado. Todas las personas con derecho de votar tendrían que participar en persona o por correo o, en su defecto, presentar una explicación válida para no votar. Las personas con derecho de votar que no participen recibirían una citación y una multa de poco monto. (Entre las opciones dadas se podría, por supuesto, incluir que se vote por «ninguno de los anteriores»).

El voto es el elemento central de una democracia y se debe reconocer oficialmente como tal. En Estados Unidos debe adoptarse una versión del sistema australiano del voto obligatorio. En Australia, las personas con derecho de votar no tienen que votar a un candidato o un partido: pueden votar por «ninguno de los anteriores». Es decir, la papeleta ofrece como opción no señalar ninguna preferencia. Sin embargo, las personas con derecho de votar que para el día de las elecciones o antes no hayan entregado una papeleta de votación, están sujetas a una multa que, en moneda estadounidense, fluctúa entre 15 y 60 dólares. Este sistema está en vigor desde 1924. Antes de que el país adoptara el voto universal, la participación en Australia era como la nuestra, con una media de alrededor del 50 %. Desde la reforma, la participación en todas las elecciones ha superado el 90 % de los votantes inscritos.46 Ahora, para los australianos el voto es un deber cívico y forma parte de su cultura cívica. Son muy contadas las veces en que el gobierno se ha visto obligado a multar a alguien que no vota.

«Pero, ¿cómo? ¿Obligarlo a uno a votar? ¿No iría directamente en contra de lo que es nuestra democracia?»

—Jackson (Misisipi)

A primera vista, muchos estadounidenses podrían considerar que esta recomendación es «antipatriótica» o «antidemocrática». En esta recomendación no se pide que obligatoriamente se vote por cierto candidato o partido. De hecho, la opción de votar en blanco o de votar por «ninguno de los anteriores» es un elemento esencial de esta recomendación. La exigencia de participar en las urnas está a la altura de la exigencia de cumplir con el llamado a desempeñarse como jurado en un juicio, y es igual de patriótica y democrática.

Las recomendaciones anteriores tienen por fin facilitar el acto de votar. Son un componente precursor indispensable para llegar al voto obligatorio. El voto es un eje fundamental del ejercicio de la ciudadanía democrática, y no se puede esperar que los ciudadanos cumplan con ese deber a menos que votar sea lo más fácil y accesible que sea posible.

Implantar un sistema así en Estados Unidos sería un proyecto enorme, y desde luego no debería imponerse por decreto. Establecer el voto universal como la «estrella polar» de la ciudadanía democrática fomentará las reformas que nos ayuden a avanzar en ese sentido. Es el Congreso quien debe promulgar leyes que establezcan el voto universal. Los estados y municipios también deben empezar a adoptar requisitos de participación obligatoria en sus propias elecciones.

2.6 

Establecer, por medio de las legislaturas estatales o de los despachos de los secretarios de Estado (o por ambos), un cursillo para los votantes que participarían en sus primeras elecciones federales. Se les pagaría por asistir al cursillo, de manera análoga a la combinación de orientación que se les da a quienes vayan a ser jurados y lo que se les paga a quienes participan en un juicio. Casi todos los estados utilizan videos breves producidos por el sistema judicial estatal mediante los cuales los jurados reciben formación sobre el deber que van a cumplir. Estos videos no tienen ningún sesgo político. Las personas que acudirían a votar por primera vez recibirían una orientación parecida sobre lo que es su deber en el entorno político.

«Votar no es fácil… Para nada. Votar es mucho esfuerzo... lo es. Llevé a mis dos hijas a las urnas la primera vez que pudieron votar. No tenían ni la más mínima idea de qué hacer. Eso no lo enseñan. No sabían cómo son las papeletas... Tenían miedo de entrar... Y cuando salieron dijeron: “No sabíamos qué marcar en la papeleta. No sabíamos... son tantas las preguntas que tenemos”».

—Charlotte (Carolina del Norte)

Papeletas imperfectas, papeletas de diseño ambiguo, recuentos incompletos, aplicaciones que funcionan a medias, papeletas que hay que verificar: cada ciclo electoral genera un nuevo relato sobre los desafíos a los que se enfrentan los estadounidenses a la hora de votar y de contar los votos. Para quienes votan por primera vez, el proceso puede ser confuso, intimidante y lleno de suspicacias. Servir en un jurado es un acto de ciudadanía exigido por ley; pero no se le pide a la ciudadanía que preste ese servicio sin cierta orientación o familiarización con el sistema judicial. En la mayoría de los estados se muestran videos de breve duración producidos por su sistema judicial estatal para orientar a los integrantes del jurado. De la misma manera, quienes voten por primera vez tendrían que recibir una orientación apolítica sobre el deber de votar. Hoy en día, muchos de los que votan por primera vez nunca recibieron ninguna orientación electoral —en la escuela, por ejemplo— o simplemente son nuevos en una jurisdicción y no están familiarizados con sus procedimientos. Los videos estatales para orientar a los jurados son un buen modelo de lo que podrían ser los videos de orientación para votantes. Contarían la historia general del voto y del derecho de votar en Estados Unidos, presentarían una justificación del valor del voto para nuestra democracia constitucional y darían información específica sobre el proceso que el votante está a punto de vivir. Además, al igual que los estados les pagan a los jurados un estipendio de poco monto, se les debe pagar a los votantes nuevos una pequeña suma de dinero por asistir a la breve sesión de orientación para votantes.

La orientación pagada a quien vote por primera vez es un concepto novedoso que deberá ser estu­­diado por medio de programas piloto en colaboración con los secretarios de Estado y otros administradores electorales. La forma en que se les pagaría a los votantes variaría de un estado a otro.

2.7 

Restablecer el derecho de votar en los ámbitos federal y estatal a los ciudadanos que fueron condenados por delitos graves. Se debe restablecer este derecho de manera inmediata y automática en cuanto salgan de la cárcel. Garantizar que tales derechos también se restablezcan para los que ya se encuentren viviendo en la comunidad.

«En el país hay millones de encarcelados. No tienen derecho de votar y sienten que no forman parte de este proceso democrático del que estamos hablando… Me pregunto cómo podríamos empezar a recuperar esas voces».

—Nueva York (Nueva York)

Desde que se fundó la república, algunos estados han promulgado leyes que revocan el derecho de votar de las personas condenadas por delitos graves. Durante la época de Jim Crow, tales leyes privaron de forma desproporcionada a los afrodescendientes de su derecho de votar. Hoy en día, se les prohíbe votar a millones de ciudadanos estadounidenses —y sigue siendo un número desproporcionado de ciudadanos de raza negra— incluso después de haber salido de la cárcel. Algunos estados han propuesto medidas innovadoras que restablecerían el derecho de votar a muchos ciudadanos que han purgado su condena, como la iniciativa propuesta en la enmienda IV de la papeleta de Florida de 2018, la cual fue aprobada con el apoyo de casi un sesenta y cinco por ciento de los votantes. Sin embargo, estos esfuerzos se ven socavados por los intentos de imponerles multas y otras sanciones a esas personas antes de que se les restablezca su derecho a votar. La mayoría de los estadounidenses está a favor de restaurar el derecho de votar a los condenados por delitos graves después de que hayan cumplido su sentencia.47

• Iowa es el único estado que priva permanent­emente del derecho de votar a toda persona condenada por un delito grave, mientras que otros diez estados privan permanentemente de este derecho a algunas personas con condenas por delitos graves.
• Solo diecisiete estados restablecen automática­mente el derecho de voto a los ciudadanos tras salir de la cárcel. Vermont y Maine nunca privan del derecho de voto a las personas con condenas penales.48
• Veinte estados limitan el derecho de voto de las personas en libertad condicional o vigilada aunque vivan y trabajen en la comunidad.

Si queremos fomentar la participación cívica y el compromiso con los principios democráticos, debemos reconocer el valor de todas las voces de una comunidad, así como la importancia de ofrecer a todo ciudadano una segunda oportunidad. Permitir que todos los ciudadanos en edad de votar que viven en una comunidad se inscriban y voten supondría una importante ampliación del derecho de voto. El Congreso y las legislaturas estatales deben promulgar leyes que restablezcan de forma automática e inmediata el derecho de voto —tanto en el ámbito estatal como en el federal— a las personas que salgan de la cárcel, sin imponerles condiciones. Y ese derecho de voto se debe extender a todo ciudadano en edad de votar que haya sido condenado por un delito grave y que ya esté viviendo en la comunidad (incluidas aquellas personas que estén en libertad condicional o en libertad vigilada, y a los que nunca tuvieron que purgar su condena).